Pese a la orden de Granados, en Mar del Plata no se reabrirán calabozos

Fuente: Pensamiento Penal

Es que existe un fallo judicial que lo imposibilita desde 2009. Los presos en la ciudad van a la Alcaidia. El camarista Marcelo Madina dijo que esta política "es regresiva en derechos".
Por: Andrea Pérez Calle
Publicada 28/05/2014 | 5 comentarios





En Mar del Plata está prohibido alojar detenidos en comisarías. Todos tienen que ser trasladados a la Alcaidia.

A la falta de una política integral y proyectada, tendiente a resolver una conflictividad social compleja a partir de la gestión democrática de Seguridad, se le puede llamar improvisación o bien emergencia. En nombre de este segundo eufemismo, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires despacha desde hace un mes y medio decretos y resoluciones para reforzar su cruzada cuasi bélica “contra la delincuencia” común. Algunos funcionarios municipales, como mostró 0223, incurrieron en esta lógica y avalaron, aunque luego se desdijeron, medidas de prevención que vulneraron derechos fundamentales. Pero esa es otra historia.


En este marco, en las últimas horas, el ministro Alejandro Granados anunció la reapertura de 200 calabozos clausurados en 2011, cuando Ricardo Casal, ahora titular de Justicia, ordenó el cierre al reconocer las

Estándares mínimos en materia de condiciones carcelarias fijados por la Corte Interamericana en el caso "Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras"

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Caso PACHECO TERUEL Y OTROS Vs. HONDURAS

                                              SENTENCIA DE 27 DE ABRIL DE 2012                           

(Fondo, Reparaciones y Costas)

   

En el caso Pacheco Teruel y otros,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte”, o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

Diego García-Sayán, Presidente;

Manuel E. Ventura Robles, Vicepresidente;

Leonardo A. Franco, Juez;

Margarette May Macaulay, Jueza;

Rhadys Abreu Blondet, Jueza;

Alberto Pérez Pérez, Juez;

Eduardo Vio Grossi, Juez, y

presentes además,

Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y

Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta;

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 31, 32, 63, 65 y 67 del Reglamento de la Corte[1] (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia que se estructura en el siguiente orden:

ÍNDICE                                                           PÁGINA

I. INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA. 4

II. PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE. 5

III. COMPETENCIA. 6

IV. PRUEBA. 6

A.         Prueba documental, testimonial y pericial 6

B.         Admisión de la prueba. 7

V. RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO Y HOMOLOGACIÓN DEL ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA. 8

A.         El acuerdo de solución amistosa. 8

B.         Consideraciones de la Corte. 9

VI. CONTEXTO Y HECHOS DEL CASO. 10

A.         El sistema penitenciario en Honduras 10

B.         Condiciones generales del Centro Penal de San Pedro Sula. 12

C.         Condiciones particulares de la celda No. 19. 13

D.         El incendio en la celda No. 19. 14

E.         Causas del incendio. 16

F.         Situación de los familiares de las víctimas 16

G.         Proceso judicial ante los tribunales nacionales 17

VII. CONSIDERACIONES DE LA CORTE RESPECTO DE LOS ARTICULOS 4, 5, 7, 9, 8 Y 25, EN RELACION CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 18

A.         Los derechos violados 18

B.         Deber de Prevención en condiciones carcelarias 20

C.         Los familiares de las personas fallecidas 23

VIII. REPARACIONES (Aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana en el marco del acuerdo de solución amistosa). 24

A.         Parte Lesionada. 25

B.         Beneficiarios del acuerdo de solución amistosa. 26

C.         Medidas de reparación integral: garantías de no repetición, rehabilitación y satisfacción  27

1.                 Garantías de no repetición. 27

2.                 Rehabilitación. 35

3.                 Satisfacción. 36

4.                 Otras medidas solicitadas 36

D.         Obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables 37

E.         Fondo de oportunidades y compensación. 38

1.                  Daño material e inmaterial 38

F.         Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados 39

IX. PUNTOS RESOLUTIVOS. 40

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[1]           Reglamento de la Corte aprobado por el Tribunal en su LXXXV Período Ordinario de Sesiones celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009.

Ver fallo completo =>>